Partidos y entidades de vivienda presionan al Gobierno para que no recurra la ley catalana del alquiler

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Exhibición de musculatura este viernes las entidades que impulsaron la Ley catalana que regula el precio del alquiler y de los partidos que la apoyaron para presionar al Gobierno para que no recurra la norma ante el Tribunal Constitucional. En una rueda conjunta ante el Parlament, el Sindicato de Inquilinos, la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), la federación catalana de asociaciones de vecinos (CONFAV) o la Mesa del Tercer Sector, han recordado el amplio apoyo social al texto y han advertido de que la ley que impide la subida del precio de los alquileres “no se toca”.

ERC, Junts, los comunes y la CUP también han puesto en valor el apoyo a un texto que impulsó el Sindicato de Inquilinos y han arremetido contra la posibilidad de que “el Gobierno más progresista de la historia”, como han recordado republicanos y anticapitalistas que se autodenominó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tumbe un texto que protege un derecho como es el de la vivienda.

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Interpelado el diputado de los comunes, David Cid, por la presencia de su partido en el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, ha asegurado que su formación “no da nada por hecho”. “La ley catalana se ajusta al marco estatutario y constitucional, se pueden encontrar encajes para que siga vigente, lo que hay que hacer no es suspenderla sino extenderla, tal y como está escrito en el acuerdo de gobierno, que haya una regulación estatal del alquiler”, ha dicho. Los comunes confían en que la Ley de Vivienda estatal en la que trabaja el ejecutivo de Pedro Sánchez “habilite a las comunidades para regular el precio del alquiler”. “No es un debate competencial, es un debate de derechos”, ha destacado.

El plazo que tiene el Gobierno para impugnar la Ley finaliza el día 21 (nueve meses después de su entrada en vigor, en septiembre pasado) y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya ha advertido de que su obligación es “plantear un recurso” si “una ley autonómica vulnera el marco competencial”. El último consejo de Ministros donde se puede acordar el recurso es el del próximo martes (día 15). Fuentes del ministerio explican que se está negociando con la Generalitat en el marco de la comisión que analiza las leyes que aprueban las comunidades. Pero poco hay que negociar sobre esta ley concreta, porque incluso el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (no vinculante) consideró que la Generalitat no tiene competencias para regular el alquiler. De ahí que el paraguas que podría tener el texto es la regulación estatal.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Rodrigo Martínez, ha recordado que, según los datos de la propia Generalitat, la Ley ha provocado caídas de precio de entorno al 4% en las zonas reguladas y que “los pronósticos de que el mercado se paralizaría no se han cumplido, porque durante el primer trimestre la cifra de contratos firmados fue récord”. “Es una Ley de una enorme necesidad social que sale de un Gobierno soberano, el PSOE está haciendo el trabajo sucio de los intereses inmobiliarios, que elijan de qué parte quieren estar, porque el esfuerzo debería ser para blindar la Ley”, ha manifestado Martínez. El Sindicato ha convocado una protesta el próximo lunes ante la sede del PSC.

Lucía Delgado, de la PAH, ha señalado que la entidad creada para frenar desahucios “tiene mucha experiencia en el ataque a Leyes” y celebró “la recuperación en 2018″ de parte de la célebre ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética: “Sabemos lo que es la presión de bancos y grandes empresas, pedimos a Pedro Sánchez que escuche la voz de la gente y no la de la Caixa, el BBVA y el Santander”. Jordi Giró, de la CONFAVB, ha exigido al Ejecutivo que “utilice la ingeniería jurídica para resolver los problemas de la gente y regular el alquiler, y no para tumbar la ley que lo permite”.

Desde la Mesa del Tercer sector, su presidenta, Francina Vila, ha criticado al Gobierno por “ni hacer ni dejar hacer”, en relación al compromiso de aprobar una Ley de Vivienda: “El Gobierno mantiene encallada una ley necesaria y amenaza de impugnar la ley catalana”. Por parte de Òmnium Cultural, Marina Gai ha visto el posible recurso como “un nuevo ataque a la soberanía delas instituciones catalanas y a una Ley promovida por la sociedad civil”. “No es una cuestión competencial sino de someter a nuestro pueblo”.

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