Colau y las entidades de vivienda piden a Sánchez que no recurra la ley catalana que regula el precio del alquiler

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las entidades que defienden el derecho a la vivienda, han pedido en las últimas horas al Gobierno del presidente Pedro Sánchez que no recurra la Ley Catalana que regula el precio de los alquileres e impide subirlos. Aprobada en septiembre pasado por el Parlament, por ahora la norma la ha recurrido el PP ante el Tribunal Constitucional, pero también podría hacerlo el Ejecutivo, lo que supondría inmediata del texto.

La alerta sobre un posible recurso la lanzó este miércoles el Sindicato de Inquilinos, cuyos portavoces aseguran que el recurso es una posibilidad que les han transmitido ministros del PSOE. Todo esto ocurre cuando la negociación de una nueva Ley estatal de vivienda ha entrado en una fase decisiva. Sobre el papel, el mayor blindaje que puede tener la ley catalana es el paraguas de otra estatal. El último recurso en el que podría aprobarse la presentación del recurso es en el Consejo de Ministros del próximo martes día 15, porque los nueve meses de plazo desde la entrada en vigor terminan el 21 de junio.

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La negociación de la ley de vivienda entra en su fase decisiva

El miércoles, en el Congreso, fue la diputada de Bildu Mertxe Aixpurua, a instancias del Sindicato, quien preguntó al ministro Miquel Iceta por la cuestión, por la posibilidad de un recurso. El titular de la cartera de Política Territorial no negó la posibilidad y respondió así: “Si llego al convencimiento o mis servicios jurídicos me convencen que una ley autonómica vulnera el marco competencial, tengo la obligación política, moral y legal de plantear el recurso. No puedo mirar hacia otro lado”. En Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias alertó antes de la aprobación en el Parlament de que la Generalitat no tiene competencias para regular el alquiler.

Colau afirmó este jueves que ve “incomprensible” e “inconcebible” que el PSOE recurra la ley catalana ante el Constitucional. “Seria incomprensible que una fuerza de gobierno progresista interpusiera un recurso a una ley catalana para invalidarla”, dijo, “cuando se ha demostrado necesaria” para frenar la subida de precio de los alquileres. La alcaldesa también urgió al Gobierno a aprobar una ley de vivienda de ámbito español que incluya la regulación de los alquileres. En el último trimestre, el precio del alquiler bajó un 4,8% en conjunto en los 60 municipios de Cataluña regulados. Una caída que, aunque los impulsores de la norma atribuyen a su efecto; otros expertos no atinan si es fruto de la regulación o consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia.

Mientras, en Madrid, activistas del derecho a la vivienda, socios de investidura del Gobierno y el socio de coalición de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, reclamaron también este jueves en el Congreso que el Ejecutivo no recurra la limitación del precio del alquiler en Cataluña y, por contra, lo extienda al resto del país. El madrileño Sindicato de Inquilinas y también el Sindicat de Llogaters catalán, cuyo portavoz viajó expresamente, acudieron a las puertas de la Cámara Baja para reclamar que Sánchez cumpla el acuerdo de gobierno y limite los precios.

“No tiene ningún sentido que justo ahora el Gobierno del Estado pretenda impugnar este avance”, denunció Palomera, que cree que la regulación se debe extender al resto del país porque, ha asegurado, está permitiendo reducir el precio sin disminuir la oferta. Los activistas recibieron el respaldo de diputados de Unidas Podemos, En Comú Podem, Más País, Compromís o JxCat, defensores de una regulación que partió de una iniciativa ciudadana y que obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con “tensión” residencial.

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